Ni olvido ni perdon, Justicia
Arturo D. Villanueva Imaña (*)
El próximo 17 de julio se cumplen 31 años del nefasto golpe narcomilitar de Luis García Meza. Hecho lamentablemente no aislado que, junto a otros (incluido en tiempos más recientes, pero no menos violentos, como la masacre de octubre del año 2003), han dado lugar no solo al dolor, la muerte, los heridos, desaparecidos y víctimas de violencia política; sino y lo que es peor, la impunidad, el olvido y hasta el desprecio estatal y gubernamental que hacen escarnio del dolor, de la violencia sufrida y soportada, y de la dignidad de todos quienes en forma totalmente desprendida se comprometieron y emprendieron las luchas por recuperar la democracia usurpada por regímenes dictatoriales y autoritarios.
Se dice que los pueblos que no tienen memoria, tampoco tienen destino y menos pueden emprender (o atribuirse) con solvencia y valor moral, tareas de transformación y cambio, si no resuelven y cierran aquellas deudas históricas que sus sociedades reclaman.
En el caso de Bolivia, uno de los ámbitos no resueltos y no cerrados, a pesar de los largos años transcurridos (décadas en algunos casos), es el referido a las graves consecuencias y efectos provocados por la violencia política ejercida por regímenes antipopulares y antidemocráticos, que se expresa por ejemplo en:
• La ausencia de esclarecimiento y sanción de los hechos y personas que provocaron la muerte y desaparición de connotados ciudadanos revolucionarios como Marcelo Quiroga Santa Cruz, Carlos Flores y otros, que impiden hasta hoy luego de más de 3 décadas, ni siquiera conocer el lugar donde fueron sepultados y recuperar sus restos.
• El largo, tedioso e interminable juicio a los responsables de la masacre de octubre de 2003, propiciada por el gobierno de Gonzalo Sanchez de Lozada, cuyas víctimas, familiares y deudos continúan reclamando y deambulando por justicia, en un proceso que dilata perversamente la emisión de la sentencia condenatoria, alargando el sufrimiento y el dolor de muchas familias bolivianas, y burlando la responsabilidad de administrar justicia pronta.
• El incumplimiento y burla de la Ley 2640 de 11 de marzo del año 2004 y la normativa conexa por parte del Ministerio de Justicia del Gobierno Plurinacional de Bolivia, sobre el resarcimiento excepcional a víctimas de violencia política en periodos de gobiernos inconstitucionales que, al margen de haber incumplido y dilatado ilegalmente los términos y plazos establecidos en dichas normas, reconoce públicamente la ilegalidad de sus actos y un proceso completamente irregular de calificación de víctimas, al expresar su disposición para promover la aprobación de una nueva Ley, cuando lo que en justicia corresponde es dar cumplimiento inmediato, cabal y sin atenuantes a lo que ya está establecido en la normativa.
Sobre cada uno de estos casos mencionados, la ciudadanía ha tomado conocimiento de varios pormenores indignantes y repudiables que han tenido que continuar soportando y asumiendo todos quienes han buscado justicia, esperando el cumplimiento y aplicación de una responsabilidad inherente a las competencias y garantías ciudadanas que debe ofrecer y cumplir cualquier gobierno, o como obligación expresamente determinada por ley, como es el caso de las víctimas de violencia política.
Hechos como la dilación deliberada, la chicanería, la pesadez burocrática, el incumplimiento de deberes, la ausencia total de sensibilidad social y sentido común, la irreponsabilidad funcionaria, la negligencia, la ausencia total de un sentido de servicio público que debe caracterizar a los funcionarios del Estado, etc.; han significado (en total contradicción e ironía de lo que debería esperarse), la moneda y trato corriente que se continúa reproduciendo cotidianamente, muy a pesar del proceso de cambio que supuestamente se encara, precisamente para desterrar estas prácticas del aparato estatal.
Pero lo peor del asunto no es el trato, o mejor dicho el maltrato cotidiano que se debe soportar en el interminable “vía crucis” que implica reclamar y exigir el cumplimiento y aplicación de los derechos, en este caso de todas las víctimas de la violencia política; sino la deliberada voluntad y actitud cómplice de autoridades principales y funcionarios subalternos del gobierno, que expresamente se niegan a ejercer y cumplir con sus responsabilidades y competencias. Ello sucede cuando por ejemplo existe resistencia o no se emite una orden de desclasificación de expedientes de las Fuerzas Armadas (que seguramente permitirían esclarecer los hechos y culpables de la muerte y desaparición de Marcelo Quiroga Santa Cruz y otros compañeros), o cuando el Ministerio de Justicia, en franco incumplimiento de lo que manda la Ley 2640 y los plazos legales establecidos, ofrece hacer aprobar una nueva ley en la que eventualmente se podrían reconsiderar los casos que arbitraria e irregularmente fueron excluidos del proceso que ya ha tardado ya más de 7 años, con lo cual lo único que se hace evidente son las graves irregularidades en el proceso de calificación de las víctimas de violencia política que el propio Ministerio de Justicia ha llevado adelante.
Podría continuar extendiendo interminablemente los casos y hechos irregulares que impiden y cierran las puertas a la recuperación de la memoria histórica, al homenaje justo a todos quienes lucharon y ofrecieron sus vidas por recuperar la democracia, y al cierre de las heridas y profundos daños provocados al pueblo y la conciencia ciudadana, por aquellos regímenes antidemocráticos y dictatoriales que impusieron como regla el ejercicio de la violencia política, las armas, la tortura, el destierro y la muerte, como interminable es el tiempo que aún se continúa aguardando para ver resueltas y saldadas estas deudas históricas del gobierno y el Estado con su pueblo. Sin embargo, lo que paradógica e irónicamente se puede apreciar en la distancia del tiempo transcurrido, es que las luchas del pasado que han permitido y contribuido a llegar hasta aquí, no importan; que no existe voluntad política, ni menos decisión gubernamental que permita avisorar la curación de esta herida que aun sangra en la memoria de las luchas del pueblo.
(*) Sociólogo, boliviano. La Paz – Bolivia.
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