El lobby de Mon$anto en Chile
por Lucía Sepúlveda / El Desconcierto
Sábado,
20 de Julio de 2013 14:14
En 2011 el Senado aprobó la firma del
Convenio de la Unión Internacional de Protección Vegetal UPOV 91, presentado a
su vez por la ex presidenta Bachelet y acelerado por Piñera. Los detalles de la
aberración.
Monsanto, la principal
empresa del mundo productora de biotecnología agrícola y semillas transgénicas.
Denunciada mundialmente por el peligro de sus productos para la salud y el
ambiente, y por el control vía royalty del mercado de las semillas. Uno de sus
principales accionistas es el millonario George Soros, cercano al mundo liberal
y socialdemócrata. El poder y las redes políticas de Monsanto son tan grandes
que tienen vínculos con los principales políticos de todo el orbe, entre ellos,
los chilenos, donde hace años la empresa presiona para que se instaure en el
país una ley que le permita el control de las semillas. Hoy está a punto de
conseguir su objetivo, si no se le pone atajo desde la calle.
Hay políticos que hacen lobby a favor de ChileBio, la entidad
corporativa que agrupa en Chile a Monsanto y otros productores de químicos y
semillas. Por ejemplo, Andrés Allamand, quien desde que era senador comenzó a
promover los cultivos transgénicos. Junto a sus pares Alberto Espina, Fernando
Flores y Eduardo Frei (quien posteriormente cambió su posición, firmando un
proyecto de moratoria), fue uno de los autores del proyecto de Ley de
Bioseguridad que promueve la introducción de este tipo de cultivos.
En 2011 el Senado aprobó
la firma del Convenio de la Unión Internacional de Protección Vegetal UPOV 91,
presentado a su vez por la ex presidenta Bachelet y acelerado por Piñera. El
Convenio de “Protección” Vegetal da garantías de prolongado royalty por las
semillas híbridas y transgénicas y, entre otras aberraciones, prohíbe el libre
intercambio de semillas, asegurando su control por los denominados
“obtentores”, en su mayoría transnacionales como Monsanto, Syngenta,
Pioneer/Dupont y otros socios menores. Permite a las propias empresas demandar
a quienes “pirateen” sus semillas, tal como se hace hoy en Estados Unidos o en
los países europeos.
