El lobby de Mon$anto en Chile
por Lucía Sepúlveda / El Desconcierto
Sábado,
20 de Julio de 2013 14:14
En 2011 el Senado aprobó la firma del
Convenio de la Unión Internacional de Protección Vegetal UPOV 91, presentado a
su vez por la ex presidenta Bachelet y acelerado por Piñera. Los detalles de la
aberración.
Monsanto, la principal
empresa del mundo productora de biotecnología agrícola y semillas transgénicas.
Denunciada mundialmente por el peligro de sus productos para la salud y el
ambiente, y por el control vía royalty del mercado de las semillas. Uno de sus
principales accionistas es el millonario George Soros, cercano al mundo liberal
y socialdemócrata. El poder y las redes políticas de Monsanto son tan grandes
que tienen vínculos con los principales políticos de todo el orbe, entre ellos,
los chilenos, donde hace años la empresa presiona para que se instaure en el
país una ley que le permita el control de las semillas. Hoy está a punto de
conseguir su objetivo, si no se le pone atajo desde la calle.
Hay políticos que hacen lobby a favor de ChileBio, la entidad
corporativa que agrupa en Chile a Monsanto y otros productores de químicos y
semillas. Por ejemplo, Andrés Allamand, quien desde que era senador comenzó a
promover los cultivos transgénicos. Junto a sus pares Alberto Espina, Fernando
Flores y Eduardo Frei (quien posteriormente cambió su posición, firmando un
proyecto de moratoria), fue uno de los autores del proyecto de Ley de
Bioseguridad que promueve la introducción de este tipo de cultivos.
En 2011 el Senado aprobó
la firma del Convenio de la Unión Internacional de Protección Vegetal UPOV 91,
presentado a su vez por la ex presidenta Bachelet y acelerado por Piñera. El
Convenio de “Protección” Vegetal da garantías de prolongado royalty por las
semillas híbridas y transgénicas y, entre otras aberraciones, prohíbe el libre
intercambio de semillas, asegurando su control por los denominados
“obtentores”, en su mayoría transnacionales como Monsanto, Syngenta,
Pioneer/Dupont y otros socios menores. Permite a las propias empresas demandar
a quienes “pirateen” sus semillas, tal como se hace hoy en Estados Unidos o en
los países europeos.
El Senado votó el convenio UPOV 91 entre gallos y medianoche, mientras
en las calles miles de personas se manifestaban contra el proyecto HidroAysén. Pero
no ha sido promulgado como ley de la República, porque sus disposiciones
contradicen la Ley 19.342, la actual legislación sobre semillas. Chile, junto a
Brasil, Colombia, Venezuela, Argentina, Ecuador y China, continúa rigiéndose
por el convenio de 1978. Por eso, los senadores UDI y RN reflotan
periódicamente el lobby sobre el tema.
Pero la movilización social y ambiental ha impedido al gobierno de
Piñera operar en el Senado, mientras el tiempo actúa a favor de la conciencia
ciudadana sobre la importancia de la defensa de la semilla nativa, y de parar
toda ley que pavimente el camino a los cultivos transgénicos para el mercado
interno.
Bachelet y el convenio UPOV 91
Fueron dos los proyectos de ley emblemáticos para Monsanto y las
transnacionales semilleras introducidos al Congreso por el gobierno de la ex
Presidenta Bachelet en 2008, bajo el “cuco” de que habría sanciones del
gobierno de Estados Unidos si no se aprobaba rápidamente.
El compromiso figuraba en la letra chica del Tratado de Libre Comercio
con Estados Unidos. El proyecto de Ley de Obtentores Vegetales y el Convenio
UPOV 91 tienen que ver con la propiedad intelectual de la semilla. Antes que se renovara la Cámara, el último día de
vigencia de su mandato, en 2010, los diputados aprobaron el proyecto de Ley de
Obtentores Vegetales, haciendo caso
omiso a las múltiples indicaciones propuestas por las organizaciones
campesinas y ambientales. El proyecto pasó entonces al Senado.
La Ley de Obtentores Vegetales, que las organizaciones denominamos
“Proyecto de Privatización de la Semilla”, proponía derogar la actual Ley de
Semillas (que permitió firmar el Convenio UPOV en su versión de 1978) y
reemplazarla por una que fuera totalmente funcional al Convenio UPOV 91.
Bachelet no aceptó ninguna reunión para discutir ese proyecto, negándose
a entrevistarse con las más de 40 organizaciones que hicieron ver su rechazo al
contenido de la iniciativa.
Hoy sabemos que este proyecto de ley fue elaborado por la Asociación
Nacional de Productores de Semillas (Anpros), es decir por Monsanto, el padre
de Ena von Baer y los productores de semillas híbridas y transgénicas, que son
quienes desean asegurar un mayor lucro por la venta de estas semillas.
No
al etiquetado de transgénicos
El lobby de Monsanto
también funcionó en 2000 en el gobierno del presidente Lagos. Su entonces
ministra de Salud, la doctora Bachelet, y sus asesores habían preparado una
impecable normativa sobre etiquetado de alimentos GM transgénicos: el Decreto
293. La Contraloría tomó razón del decreto el 20 de junio de ese año. Pero
nunca se promulgó en el Diario Oficial.
En lo principal,
establecía un umbral de tolerancia de 1% de contenido de transgénicos. Aquellos
alimentos que superaran ese margen debían indicar en el listado de
ingredientes, “con caracteres destacados, el ingrediente modificado
genéticamente”. Los envases debían llevar, según la norma, un sello que diga
“transgénico” o, si eran muy pequeños, “OGM”. De manera que hoy no tenemos
etiquetado de transgénicos porque el entonces Presidente Lagos y su ministra
desistieron de hacerlo. ¿Quién los “convenció”? En el gobierno de Bachelet
también destacan dos millonarios subsidios a Syngenta y Dupont/Pioneer, que
están entre las más poderosas transnacionales
semilleras y productoras
de agrotóxicos. En 2007 Corfo le aportó 1,7 millones de dólares para la
instalación de un centro de semillas en el Valle de Azapa, en Arica.
Dupont recibió de Corfo
casi un millón de dólares para su Estación Experimental Agroindustrial, también
en el Valle de Azapa. A ello se agrega que durante todos los gobiernos de la
Concertación no existió voluntad política para firmar el Protocolo de Cartagena
sobre Seguridad de la Biotecnología, que contribuiría a la protección del
patrimonio genético del país, ni para impulsar una Ley de Protección de la
Biodiversidad.
“El proyecto de Ley Monsanto”
El primer proyecto de ley sobre introducción de los transgénicos en
Chile (de 2006), en que intervino Allamand, era similar al impulsado por
Monsanto en México. La injerencia de la transnacional en ese proyecto fue
ampliamente denunciada por varios sectores de la sociedad, que entonces lo
denominaron “Proyecto de Ley Monsanto”.
El gobierno de Sebastián
Piñera intentó en 2010 agilizar este proyecto, cuya tramitación estuvo detenida
en tiempos de la presidenta Bachelet. Piñera envió al Senado indicaciones
sustitutivas de la mayor parte del articulado para asegurar lo central: la
introducción de los transgénicos para el mercado interno. El gobierno actual
optó porque aspectos relacionados con la bioseguridad y otras aristas fueran
abordados después de la aprobación de la ley, en reglamentos en los cuales no
hay discusión pública posible. En una reunión, sostenida en abril de 2010 en el
Ministerio de Agricultura por organizaciones ambientalistas y sociales para
discutir el tema de los transgénicos, los asesores del entonces ministro de
Agricultura José Antonio Galilea, Santiago Izquierdo y Fernando Astaburuaga,
afirmaron textualmente:
“Allamand y Espina nos
dijeron que la orden es que este proyecto debía estar aprobado en junio o julio
de 2010. Tiene que hacerse rápidamente”. Las órdenes provenían probablemente de
Missouri, Estados Unidos, donde está la sede de la poderosa Monsanto.
En una entrevista a Jorge
Schaulsohn, publicada en revista Caras, sobre la
complicada situación de este lobbysta empresarial (y ex diputado PPD) se
informaba que Allamand y Schaulsohn habían sido socios en una oficina de
abogados en Estados Unidos. Schaulsohn entregó en la entrevista su respaldo a
la aventura presidencial del RN. Es vuelta de mano: Allamand respaldó a
Schaulsohn y Flores en la fundación del partido Chile Primero, que tras
abandonar la Concertación se plegó a la Alianza. El abogado estuvo
íntimamente relacionado con las corporaciones agroquímicas, de
la biotecnología, la minería y el comercio. Por ejemplo, hizo lobby ante
el SAG contra la prohibición inmediata del venenoso herbicida paraquat producido por Syngenta.
La medida había sido solicitada por RAP-Chile por los evidentes daños a
la salud y el ambiente causados por la sustancia química.
La privatización total no se ha consumado porque el gobierno de Piñera
no ha podido promulgar esta ley aprobada por el Senado.
Ello no ha sido posible porque no se ha derogado la antigua Ley de
Semillas, cuestión incluida en el proyecto de Ley de Obtentores que no ha sido
aún discutido en el Senado porque el Gobierno no le ha puesto urgencia.
Para que se promulgue un convenio internacional, éste tiene que estar de
acuerdo con la legislación interna y no es el caso, pues la actual Ley de
Semillas es contradictoria con varios aspectos del convenio UPOV 91. En Chile
aún rige también el convenio UPOV del año 1978, que no permite a Monsanto
querellarse y que tampoco prohíbe el intercambio de semillas. Pero, lejos de
estar ganada esta poco difundida batalla, ante un gigante como Monsanto,
que ha liquidado a miles de campesinos en el mundo; sólo la acción persistente
ciudadana podrá impedir lo que será nefasto para nuestras futuras generaciones.
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